El proceso de elección de magistrados en Guatemala fue observado con preocupación por organizaciones internacionales que denunciaron falta de transparencia, influencia política y retrocesos en materia de derechos humanos, así como la urgencia de reformas en el sector justicia.
El sistema de justicia de Guatemala ha sido en los últimos años el indicador de cómo se promueve y se garantizan los derechos de la población. Desde el inicio del proceso de elección de cortes en abril al 13 de octubre, se temía repetir los vicios de los procesos de 2014 y 2019.
No hubo manera de evitarlos a pesar de múltiples llamados de actores sociales y políticos a las y los responsables de elegir las cortes.
La última fase de la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se realizó el 3 de octubre en el Congreso y la elección para las Cortes de Salas de Apelaciones el 8 de octubre.
Sin embargo, la elección de la Presidencia de la CSJ y del Organismo Judicial (OJ), se llevó a cabo hasta el 16 de noviembre cuando fue electo Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado.
Misiones de Observación
Las Misiones de Observación que se establecieron por diferentes sectores como las autoridades indígenas; Impunity Wacht; el Panel de Expertos Independientes (PEI-Gt); Guatemala Visible; Alianza Por las Reformas; Movimiento Projusticia; y la delegación de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA); expresaron su preocupación sobre cómo se desarrolló este proceso.
Destacaron en su momento que la elección en el Congreso no se garantizó transparencia, se limitó la auditoría social y los legisladores eligieron a personas de manera rápida “que denota la putrefacción y obsolescencia del sistema de elección”, tal como lo calificaron las autoridades indígenas.
A pesar de que se cumplieron los plazos se señalaron los mismos problemas de procesos anteriores como la injerencia de operadores políticos y retuvieron cuotas de poder en el sistema de justicia.
Además, la renovación completa de las cortes se vuelve un problema porque las Postuladoras trabajan donde los decanos de la carrera de derecho en las universidades del país participan en las dos comisiones.
Otro de los aspectos señalados es la representación de profesionales indígenas. En el proceso fueron invisibilizados porque en ninguna casilla de identidad étnica cuando el 43 % de la población es indígena.
Asimismo, la judicialización del proceso que se ha efectuado desde el Ministerio Público (MP) y el incumplimiento de los estándares internacionales en el proceso de elección del sistema de justicia.
El impasse y la disputa por la presidencia
El 13 de octubre debió asumir y ser juramentado en el Congreso el presidente de la CSJ y del OJ.
No obstante, el acto no se hizo porque no hubo consenso entre los magistrados que integración la CSJ, por lo que, asumió como presidente interino el Vocal I, Carlos Lucero. El cargo lo ejerció durante un mes.
Durante más de 20 sesiones Carlos Lucero y Carlos Contreras había disputado la presidencia. Después continuar los desacuerdos retiraron sus postulaciones, después se postularon Flor de María Garcia Villatoro y René Guillermo Girón Palacios, hasta la elección de Teódulo Cifuentes.
Las disputas de no cumplir los plazos legales se habían superados a partir de la intervención de la CC en todo el proceso de selección en las Postuladoras y elección en el Congreso; sin embargo, la elección de la presidencia se prolongó.
Una disputa entre Lucero que supuestamente respondía a intereses de Roberto López Villatoro conocido como “el Rey del Tenis”; y Carlos Contreras y Teodulo Cifuentes, supuestamente respondía al presidente de la CC, Néstor Vásquez Pimentel.
https://x.com/guatevisible/status/1857967154529972570
Los primeros indicios
En los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2021, 2022 y 2023, por las condiciones en Guatemala fue incluido en el capítulo 4.b a la par de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Estos son países señalados de violar derechos humanos. Los actores que han sido subrayados por la CIDH fue el OJ y el MP por la criminalización desatada contra operadores de justicia, periodistas, activistas, estudiantes y dirigentes comunitarios.
https://x.com/CIDH/status/1854944179501097394
Durante las primeras seis semanas de “las nuevas cortes” se demostró que estamos lejos de superar la “regresión autoritaria” desde el sistema de justicia; tomando como indicios a tres resoluciones en casos de alto impacto: la revocación de la libertad condicional por la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal al periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022 al 19 de octubre de 2024.
El segundo caso es la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, que anuló del proceso penal contra militares de alto rango acusado por el caso Creompaz por desaparición forzada entre 1981 y 1986, argumentando que este caso no es competencia de un Juzgado de Mayor Riesgo.
El tercer caso afectado es el juicio por desaparición forzada, genocidio y delitos contra deberes de humanidad contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército entre el 1 de agosto de 1981 al 23 de marzo de 1982, durante el gobierno de su hermano Romeo Fernando Lucas García.
https://x.com/UEGuatemala/status/1866107529878470984
Este caso llegó hasta la etapa de conclusiones donde el MP pidió una condena ejemplar a Benedicto Lucas, con fiscales que semanas después fueron destituidos.
También dio sus conclusiones la abogada querellante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación. El caso fue anulado por la Sala Primera de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, a partir de una recusación contra el Tribunal de Mayor Riesgo A promovido por el Instituto de la Defensa Pública Penal que defiende al militar.
El deseo de revertir la criminalización y una esperanza de acceso a la justicia no está cerca.
Sin embargo, las misiones de observación señalan la necesidad de cambiar la modalidad de elegir a las cortes, lo que requiere reformas tanto de la Ley de Comisiones de Postulación y de la Constitución.
Se vuelve la discusión a las reformas a la Constitución del sector justicia que fracasó en 2016.
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