LA LUCHA HISTÓRICA DE LOS SOBREVIVIENTES DEL TERROR DE ESTADO Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Foto: Facebook/Ciidh ong

Jorge Santos¹

OPINIÓN

 

En 1982 se desarrollaba parte de la historia más cruenta del Conflicto Armado Interno y con ello una de las campañas de terror de las fuerzas armadas del Estado guatemalteco más crueles, inhumanas y a todas luces más feroces en contra de población en diferentes regiones del país.  En San Juan Cotzal, municipio que junto a Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul compone el Área Ixil, fue escenario de dicha campaña.

Sobrevivientes de una de las tantas masacres ocurridas en dicho año relató, al Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-, que en la Aldea Chinimaquin, de San Juan Cotzal posterior a los hechos en donde elementos del ejército junto a patrulleros de autodefensa civil masacraron principalmente a jóvenes, mujeres y hombres adultos, agarraron a niñas y niños sobrevivientes y los trasladaron al municipio de Cunén, siempre del departamento de Quiché, para ser “entregados” a familias con pocos hijos; incluso algunos patrulleros se quedaron con niños y niñas que sobrevivieron a la masacre en Chinimaquin.

El hecho descrito anteriormente, evidencia en buena medida los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el proceso judicial emprendido hace más de 13 años por los delitos de Genocidio y Deberes Contra la Humanidad y por los cuales, los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, enfrentarán Juicio Oral y Debate Público.  Ejecuciones extrajudiciales, detención ilegal, desaparición forzada, desplazamiento forzoso de población, violencia sexual contra mujeres, robo y quema de viviendas formaron parte del denominador común de las masacres cometidas por el ejército de Guatemala contra población civil.

Sin lugar a dudas, el debate incrementó frente a la resolución emitida por el Juez Primero B de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien en base a lo escuchado y aportado por las partes procesales, decidió que los Generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez enfrenten Juicio Oral por los Delitos de Genocidio y Deberes Contra la Humanidad.  Voces minoritarias se elevan exigiendo aquel viejo privilegio llamado Impunidad; otras vociferan que los terribles actos de violencia, inhumanidad e ignominia están basados en personalidades individuales y que como tal deben de ser abordadas.  Las mayoritarias voces, afincadas en el Pueblo y particularmente en las y los sobrevivientes del Conflicto Armado Interno reclaman, con la boca inundada de verdad, JUSTICIA, ni más ni menos que eso: JUSTICIA. 

Más que la personalidad individual de una persona, el General Efraín Ríos Montt se configuró en un escenario más amplio, es decir a lo largo de los 36 años de Conflicto Armado Interno, se desarrollaron acciones encaminadas a eliminar lo que el Ejército y la oligarquía, consideraron como “enemigo interno”.  Este elemento de diversas fuentes -ideológica, económica, política y social-, propició momentos de represión selectiva y otras de represión masiva; por lo que se interpreta que la política profundizada en el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt, fue la de represión masiva, con fines de aterrorizar y eliminar a la población civil, la cual era considerada por esta visión del “enemigo interno” como la base social y apoyo de los movimientos revolucionarios en el país. 

Por lo tanto, más que considerar características de la personalidad individual, el General Efraín Ríos Montt formó parte de la cúpula militar que bajo el amparo de la oligarquía guatemalteca, profundizó e ideó un plan deliberado, sistemático y organizado que dio vida a la orgia de sangre impulsada por el ejército y que tuvo como resultado más de 400 de las 626 masacres que realizaron a lo largo de los 36 años de Conflicto Armado Interno, se abrieran los procesos de fuero especial y se ejecutará a personas sin las garantías judiciales que tanto instrumentos internacionales, como el marco jurídico guatemalteco planteaban para la época.

Cabe destacar que el sólo hecho de que el Juez Miguel Ángel Gálvez, resolviera que un ex jefe de Estado de Facto y el Director de Inteligencia Militar atravesaran por la fase de Juicio Oral y Debate Público, sienta un precedente histórico e importante en cuanto al acceso a la justicia que miles de víctimas del Conflicto Armado Interno han esperado durante años.

Por otro lado, la resolución emitida por el Juez Gálvez sienta un precedente importante en materia de derechos humanos, en tanto que la misma se fundamenta, tanto en lo que concierne a la legislación guatemalteca, así como en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado guatemalteco, en particular lo relacionado al delito de Genocidio y Deberes contra la Humanidad.

Adicionado a lo anterior, el juzgar a los General Efraín Ríos Montt y Rodríguez Sánchez representa un paso más en los avances que el país debe de dar para garantizar la justicia transicional, en tanto que el Derecho al Acceso a la Justicia, pudiera estar cada vez más cerca para la víctimas del Pueblo Ixil que sufrieron Genocidio, tal como lo representaría para aquellos niños y niñas sobrevivientes de Chinimaquin.  Consolida el Estado de Derecho en tanto que ambos están atravesando por un proceso en el cual tienen todas las garantías judiciales establecidas en Ley, circunstancia que jamás les fuera concedido a las víctimas del Conflicto Armado Interno.

Durante años los sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, junto a organizaciones de derechos humanos han realizado esfuerzos significativos para recopilar y sistematizar los elementos que constituyen la prueba contundente de los delitos que se le imputan a ambas personas y a otros cobardes jefes militares y ex ministros de gobernación que aún se encuentran prófugos de la justicia.

Sin lugar a dudas, este es tan sólo un paso más, al cual habrá que ir adicionando otros para alcanzar la tan anhelada Justicia Transicional. Una Política Pública de Reparación Integral a las Víctimas, reconstrucción y recuperación de la Memoria Histórica de los Pueblos, que habitan estos territorios; acceso a la Justicia configurarán el camino que garantizará que tan oprobiosos actos no puedan ser repetidos jamás. 

Nuestro reconocimiento y admiración profunda a las y los sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, a las organizaciones de derechos humanos que les acompañan; hombres y mujeres que desde su lucha y trabajo cotidiano construyen otra Guatemala posible.

¹ Coordinador General del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-