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| Efraín Ríos Montt exjefe de Estado. |
Parte 1. Un antes:
La llegada de un exjefe de Estado (Efraín Ríos Montt), en el banquillo de los acusados, ha sido un verdadero calvario para los familiares de las víctimas como también una migraña para los culpables, donde que en cualquier momento aparece ese dolor de cabeza.
En el año 2001 la Asociación Justicia y Reconciliación AJR con la asesoría del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, interpuso una demanda legal contra el exjefe de estado Ríos Montt y su alto mando militar, por los delitos de genocidio, lesa humanidad cometidos durante su gestión de presidente de facto del 23 de marzo 1982 al 8 de agosto 1983.
Después del refugio de Ríos Montt bajo las paraguas de la inmunidad por ser diputado al Congreso de la República, tenía que rendir cuentas ante la justicia.
Para muchos pareció extraño y otros acto de valentía al presentarse el 15 de diciembre de 2012, al Ministerio Público (MP). Declarando ante los medios de comunicación "Si existiese alguna persecución penal en mi contra, se debe cumplir el debido proceso y que se me cite a cualquier tribunal".
El 26 de enero de 2012, la juez Carol Patricia Flores del juzgado de Primera de Mayor Riesgo ligó a José Efrían Ríos Montt a proceso y a prisión preventiva por los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad; sin embargo fue absuelto con una medida sustitutiva de una multa de medio millón de quetzales.
Junto a él se ligó a proceso a José Mauricio Rodríguez Sánchez quien fue jefe de la Inteligencia militar durante el gobierno del ahora ligado a proceso.
Durante este tiempo, tanto los abogados del exdiputado y el gobierno actual presidido por el general retirado Otto Pérez Molina, buscaron donde y como tumbar el proceso. Por el lado del presidente Pérez Molina, por medio del Acuerdo Gubernativo 370-2012, firmado con fecha 28 de diciembre de 2012 a un día de la celebración de los 16 años de la firma de los Acuerdos de Paz; publicado en el diario oficial el 2 de enero de 2013, restringió la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en los casos suscitados durante el conflicto armado interno antes de su vigencia en Guatemala, el 9 de marzo de 1987.
Ante esta actitud del gobierno las reacciones de las organizaciones de la sociedad civil junto a la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, no se hicieron esperar, entre varias reuniones con el presidente de la república lograron que se derogara tal acuerdo el 11 de enero de 2013.
A pesar de estas barreras, el juez de Mayor Riesgo "B", Miguel Ángel Gálvez, resuelve enviar a juicio por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad cometido en contra del pueblo maya Ixil, los generales José Efraín Ríos Mont y José Mauricio Rodriguez Sánchez.
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