Por: Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera.
Prensa Comunitaria
Foto. Archivo
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La
libertad de expresión fue una de las libertades reclamadas por la población
santaeulalense maya Q´anjob´al el 29 de agosto 2006 al momento de elegir entre
la vida y la muerte a través del mecanismo de la consulta comunitaria de buena
fe sobre la exploración y explotación minera y de los demás bienes naturales.
Esa
fecha trascendental marcó un antes y un después en la organización y
movilización comunitaria del municipio de Santa Eulalia y de la región norte de
Huehuetenango; apegados a los derechos que establecen instrumentos nacionales e
internacionales se organizaron las consultas en los pueblos Q´anjob´alanos (Q´anjob´al,
Chuj, Akateko) en los meses posteriores poniendo en el centro de elección el
derecho a vivir y el derecho a defender la madre naturaleza a través de las asambleas comunitarias como mecanismo
ancestral de movilización de los pueblos convocados en nombre de la consulta
comunitaria que daría viabilidad y legitimidad jurídica ante las instancias
correspondientes.
El
horizonte planteado a partir de la consulta es la constancia, permanencia y
perseverancia en la lucha de la defensa de la madre naturaleza Ko txutx yib´an
q´inal. Esta lucha iniciada hace diez años hoy está dando sus frutos en la
conciencia crítica de la población respecto a proyectos que se plantean
desarrollarse en la región norte de Huehuetenango.
La
Consulta Comunitaria de buena fe o la consulta municipal de vecinos se
convirtieron desde el año 2005 en los ejercicios plenos de la democracia
representativa de los pueblos, mayas, mestizos y xincas, la consulta es el
ejemplo exacto del ejercicio democrático de los pueblos en este país.
El
proceso que inició en el 2004 cosechándose en el 2006, como estrategia de
sensibilización e información sobre los efectos de la exploración y explotación
de la minería de metales a cielo abierto, y el cuidado de los ríos sirvió para
entablar otros procesos políticos como fiscalización pública en el municipio de
Santa Eulalia.
El
mecanismo de la consulta es una práctica democrática y ancestral de los pueblos
y el que se realizó en Santa Eulalia se amarró desde el Código Municipal, la
ley de Descentralización, la Constitución Política de la República y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT ratificado por
Guatemala diez años antes del 29 de agosto 2006 y toda la normativa en materia
de Derechos Humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Los
diez años que han pasado los podemos ahora evaluar de manera crítica desde los errores que hubo
claro, pero que se han sabido enmendar el camino. La participación y
apropiación de las comunidades del proceso evidenció en la asistencia de más de
19 mil personas, marcado por un 99 por ciento de rechazo a los proyectos
extractivos. Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se
evidenció la libre elección de cada uno y una con información previa.
Sin
embargo, el Estado guatemalteca y los gobiernos de turno se siguen resistiendo
a reconocer el carácter vinculante de las consultas, irrespetando los
resultados de la consulta, en el caso del municipio de Santa Eulalia se
requiere pretenden imponer una hidroeléctrica vinculada un grupo empresarial de
la familia Leal, por si fuera poco pretenden empresarios y funcionarios
públicos imponer de forma violenta una serie de hidroeléctricas en toda la
región. Desde que apareció la empresa CINCO M con el proyecto Hidro San Luis ha
roto el tejido social y comunitario.
Los
asesinatos de Mateo Alonzo (2007) y Daniel Pedro Mateo (2013) junto a la
prisión política sufrida recientemente por Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez
Mateo; autoridades ancestrales y las ordenes de aprensión aún vigentes en
contra de mujeres y hombres que representan al pueblo Q’anjob’al son el claro
ejemplo de la criminalización desmedida.
Por
si fuera poco, las empresas lograron la cooptación de varias personas que desde
el poder municipal durante el periodo 2011-2015 apoyaron y facilitaron la
estrategia de las empresas, incluso el cierre ilegal y arbitrario de la radio
comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ por un año fue el resultado de la
criminalización y persecución de la radio como instrumento de la expresión de
las comunidades.
Frente
a la censura, la organización comunitaria respondió con la consolidación de
varios equipos de comunicación e información que han logrado romper el cerco
mediático en varios momentos importantes y finalmente la reapertura de la radio
comunitaria.
No
cabe duda que la movilización comunitaria ha ido madurando a lo largo de estos
diez años, pero que es una lucha de muchas décadas atrás, los retos no son
fáciles, defender la vida frente a la barbarie será una tarea de todos los
pueblos de este país.
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