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| Foto: La Hora. |
En el caso Ana Vilma Díaz contra Guatemala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 3 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), se le acusa al Estado de Guatemala de excluir a aspirantes a magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Cortes de Apelaciones en el proceso de 2014.
La CIDH señala a Guatemala de violación a varios derechos de aspirantes excluidas en el proceso de elección. “La Comisión consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la independencia judicial, las garantías judiciales, el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país y el derecho a la protección judicial”, señala.
Las demandantes del caso están Ana Vila Díaz Lemus, Vilma Tatiana Cabrera Alvarado, Estela Bailey Beltetón, Claudia Lissette Escobar Mejía y Helen Beatriz Mack Chang. Las demandantes se postularon a magistradas de la CSJ y Cortes de Apelaciones, a pesar de que habían obtenido puntuaciones elevadas, fueron excluidas de las nóminas enviadas al Congreso.
“La Comisión Interamericana consideró en primer lugar, que el Estado no garantizó que el proceso de selección de autoridades judiciales de 2014 seleccionara a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y a la capacidad profesional”, señala una parte de la resolución de la CIDH.
En el caso de Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, fue observadora de aquel proceso, el 7 de octubre de 2014 presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por irregularidades en el proceso. Sin embargo, la Corte denegó en definitiva el amparo el 19 de noviembre y ordenó la toma de posesión de las y los magistrados electos.
Otros datos de ese proceso:
1️⃣ Las cortes electas en 2014 debieron entregar sus cargos el 13 de octubre de 2019. Pero por irregularidades e ilegales en el proceso se anuló el proceso, por lo que se reinició en septiembre de ese año.
En febrero de 2020 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (#FECI) bajo la dirección del exfiscal Juan Francisco Sandoval, reveló el caso #ComisionesParalelas2020, por lo que se extendió el proceso hasta junio de ese año por una resolución de la CC, pero el Congreso presidido por Allan Rodríguez no realizó la elección en el tiempo establecido, sino hasta noviembre de 2023, con una nueva resolución de otra magistratura de la CC, por lo que el 17 de noviembre de ese tomaron posesión las y los magistrados de alta Cortes del periodo 2019-2024.
2️⃣ La exmagistrada Claudia Escobar, una de las demandantes de este caso, renunció a la magistratura de Sala de Apelaciones a la que había sido reelecta, tras denunciar presiones del exdiputado Gudy Rivera para favorecer al extinto partido Patriota por una sanción del Tribunal Supremo Electoral (#TSE) por proclamar a Alejandro Sinibaldi como candidato a la presidencia un año antes del proceso electoral de 2015 . La denuncia de la exmagistrada provocó la detención y una sentencia condenatoria contra el exdiputado.
3️⃣ También en ese proceso surgió el caso Comisiones Paralelas 2014, investigado por FECI bajo el mando de Sandoval y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (#CICIG), en donde señalaron la influencia de actores externos en la elección. En el caso se detuvo a Sergio López Villartoro, quien supuestamente había entregado un apartamento al exmagistrado Edy Orellana para favorecer a aspirantes a magistradas de la CSJ, cuando fungía con postulador.
4️⃣ En 2018, #ManuelBaldizón le dijo en una carta a la CICIG, que la elección de magistrados de la CSJ en el Congreso de aquel año, fue una negociación entre Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Juan de Dios Rodriguez, todos exfuncionarios y operadores políticos del partido Patriota.
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