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Twitter Byron García
Las organizaciones miembros de la Convergencia de Derechos Humanos en Guatemala, este lunes 30 de marzo en Conferencia de prensa, manifestaron su preocupación ante la criminalización constante a defensores y defensoras de derechos humanos y el cierre de espacios a la sociedad civil y a los pueblos indígenas.
Por la resistencia ante el impulso de proyectos hidroeléctricos y explotación minera, a pesar de la manifestación de la población por medio de las consultas comunitarias en un No, a este tipo de proyectos como el caso de los municipios del norte de Huehuetenango de los pueblos Q´anjob´al, Chuj y Mestizo, particularmente en Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barrillas impuestos por el gobiernos central, según Claudia Samayoa:
"Dos alcaldes mantuvieron la actitud de no otorgar los permisos, a pesar de todo eso el gobierno de Gautemala siguió impulsando tres proyectos de hidroeléctricas, Hidro Santa Cruz propiedad de Hidralia Natural de Galicia España en Barrillas, Hidro San Luis de CM5 en Santa Eulalia y la Hidro Ixquisis en San Mateo Ixtatán de propiedad PDH, S.A. Estas empresas han seguido su impulso, el presidente de la república fue inaugurar Hidro Santa Cruz e Hidro Ixquisis sin presencia ni avales de los alcaldes municipales".
En la resistencia de los pobladores se han registrado seis personas asesinados entre 2013 y 2015. Mas de veintena de personas defensores de derechos humanos han resultado gravemente lesionados y más de 50 personas entre líderes comunitarios han sido imputado ante la justicia.
El caso más reciente es la detención de los líderes comunitarios Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar del Gobierno Plurinacional que han buscado diálogo con las entidades del Estado y organismos internacionales, sin embargo no han sido escuchados.
Según Samayoa que la convergencia está preocupada dado que la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público MP que está actuando como acusador en este caso y no es el indicado por que no puede ser juez y parte.
Los defensores de derechos humanos, exigieron al gobierno que detenga los permisos para funcionamiento de las empresas hidroeléctricas en la región y empiece un proceso de consulta a los pobladores.
Foto: Lucía Ixchiú
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