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| Fiscal General Consuelo Porras. Foto: Internet. |
A los seis días de que
la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera otorgar el amparo definitivo a Consuelo
Porras, Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), la interponente pidió
sorpresivamente la anulación de la resolución emitida el 6 de mayo y que se
emita una nueva resolución sobre la misma causa.
La resolución de la
corte de lo constitucional se hizo pública después de la revelación del caso Comisiones
Paralelas II, donde se negoció la conformación de las nóminas de aspirantes a
magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones del
período 2019-2024,
El MP interpuso el
amparo el 24 de febrero de 2020, sobre el mismo caso se presentaron otros
amparos, como el de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio
Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presentado
el 20 de febrero; el de la Acción Ciudadana el 25 de febrero; y la Fundación
Myrna Mack el 27 de febrero; las cuatro acciones piden la anulación y
repetición total del proceso para rescatar la legitimidad de la elección.
Pruebas para aclarar el
proceso
En el memorial
presentado por la fiscal Porras el 12 de mayo, las y los magistrados de la CC debieron
resolver a partir de un memorial que en el ámbito jurídico se le conoce con el
nombre de “auto para mejor fallar”, presentado a las 22 horas del 4 de mayo,
dos días antes que la Corte emitiera su fallo. La acción legal es una facultad
de los tribunales y los jueces para solicitar que se practiquen pruebas
específicas que puedan aclarar algún punto dudoso en un proceso. La faculta a
los tribunales y jueces de no tener la obligación de tomar en cuenta la
información planteada en este instrumento legal al momento de emitir su fallo.
En el auto para mejor
fallar, el MP concentró entrevistas y oficios escritos por la primera
vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, del partido político Unión del
Cambio Nacionalista (UCN); Hellen Ajcip, diputada de Visión con Valores (Viva);
y Federico Carrillo, director administrativo del Congreso; también de la jueza
María Eugenia Castellanos, del magistrado Romeo Monterrosa, del abogado Juan
Carlos Godínez, y de Dennis Billy Herrera Arita.
Las pruebas incorporadas, según Porras, tienen
relación con supuestas reuniones realizadas en un hospital privado de la zona 2,
de la ciudad de Guatemala, con Gustavo Alejos Cámbara, donde se presume se
negoció la integración de las nóminas de las altas cortes que fueron enviadas
al Congreso. La investigación de la FECI sobre el caso Comisiones Paralelas II,
reveló que Alejos Cámbara acusado de cinco casos de corrupción evadió las
medidas seguridad del Sistema Penitenciario (SP).
El abogado José
González, de la organización Impunity Watch, en su participación en el foro
virtual “El futuro de la elección de Cortes en Guatemala” difundido el 13 de
mayo, se refirió sobre la nueva petición de la Fiscal General a la CC, argumentando
“hay una sentencia emitida, es cosa juzgada”. “Lo que me parece que el
Ministerio Público y la fiscalía general deberían hacer es estarse ocupando en
la agrupación, la sistematización de la información y la construcción, para dar
cumplimiento y garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte
de Constitucionalidad”, afirmó.
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| José González en su participación en el foro virtual “El futuro de la elección de Cortes en Guatemala”. Captura de Pantalla: Impunity Watch, |
Los otros amparos
Los otros tres amparos
coinciden con las peticiones del MP, los documentos advierten sobre la amenaza
de que el Congreso pueda elegir a
personas que no cumplan con los requisitos de idoneidad, honorabilidad y
honradez que establece el artículo 113 de la Constitución. En las peticiones de
la Fiscalía, Acción Ciudadana y la AEU piden la anulación y repetición total
del proceso para rescatar la legitimidad de la elección. Mientras la Fundación
Myrna Mack propone que los dpitados depuren las nóminas que recibió de las
comisiones de postulación con base en los requisitos de capacidad, idoneidad,
honradez y honorabilidad que se establecen en los artículos 113 y 207 de la
Constitución.
“La FMM pidió que el
Congreso excluya de la nómina a los candidatos que esten implicados en el caso
comisiones paralelas 2020, con conflicto de interés, con impedimentos
presentados por la sociedad civil, con impugnaciones pendientes, candidatos que
enfrentan un proceso penal, con base en los criterios del amparo, el Congreso
debería excluir al menos a 64 aspirantes de las nóminas actuales”, apuntó el
Observatorio de Independencia Judicial, integrado por las organizaciones
sociales de Impunity Watch, el Instituto de la Judicatura y la Plataforma
Internacional contra la Impunidad, en su publicación el 13 de abril.
“De los otros amparos es complicado ver un panorama
distinto, puesto que los alegatos que plantearon en al menos tres de los
amparos eran exactamente iguales, pues lo que resuelva la Corte de
Constitucionalidad respecto a las solicitudes de los otros amparos no se espera
algo distinto dentro de esta circunstancia”, razonó González al referirse a los
otros tres amparos que no fueron mencionados en la resolución.
Además, la jefa del MP
y la junta directiva del Congreso han presentado recursos de aclaración y
ampliación, ante la CC para que explique los vacíos que consideran que existe
en la resolución.´
Nota: Publicado en Prensa Comunitaria el 14 de mayo.
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