Guatemala. Imágenes de un país en crisis y la lucha que se abre

Foto: Simón Antonio Ramón. 

Dos imágenes para un solo paí­s. La tercera parte del territorio inundado, las cosechas perdidas, casas destruidas, aldeas soterradas en el Ixil, Cobán, Polochic, Jocotán, Ixcán, Petén y cientos de comunidades más. Al interior de esa imagen las comunidades se ayudan entre sí­ para resolver asuntos puntuales de vivienda y alimentación. La otra imagen. La sesión en el Congreso de la República donde los diputados aprueban el presupuesto millonario de 99 mil 700 millones de Quetzales, sostenido en deuda pública y dos dos préstamos millonarios.

Eduardo Cunha había amenazado a Dilma Rousseff que si no se paraba con las investigaciones abriría un juicio político dijo Eduardo Cardozo

Foto: Muestra de Cine Memoria Verdad Justicia 

Por: Simón Antonio Ramón*

El 3 de mayo de 2019 se presentó en la Muestra de Cine Memoria Verdad  Justicia en Guatemala, la película “El Proceso”, que documentó el proceso del juicio político que terminó con el gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, el 31 de agosto de 2016, sucesora del Luiz Inácio Lula da Silva, quienes gobernaron Brasil durante trece años la potencia sudamericana.

Para comentar la película se invitó al abogado José Eduardo Cardozo, quien fue Ministro de Justicia y abogado general de la Unión durante el mandato de la presidenta Rousseff y posteriormente abogado personal de la presidenta después del proceso de destitución.

Durante la estancia de Cardozo en Guatemala concedió una entrevista a Prensa Comunitaria sobre el proceso contra Rousseff  y sus efectos en la democracia para América Latina.

Publicamos esta entrevista porque el jueves 10 de septiembre fue condenado en Brasil el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, principal promotor del desafuero contra Rousseff. Cunha recibió una condena de 15 años y 11 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso conocido como Operación Lava Jato.

Alerta Guate la aplicación que retendrá hasta por diez años datos de 100 mil personas

Transmisión en Vivo, Alejandro Giammattei. APP

El uso de aplicaciones y recursos tecnológicos de forma apresurada, vulnera y pone en riesgo a la ciudadanía y le da más poder a las corporaciones y a los gobiernos autoritarios. Según un estudio de la organización Global Witness la donación de la empresa Tenlot para desarrollar la aplicación Alerta Guate, al gobierno de Guatemala por aproximadamente 10 millones de dólares, no era tan caritativa como parece. Ya que la aplicación envía la ubicación exacta del usuario, aun cuando no se esté usando, además de que esto aumenta el riesgo de que, la infraestructura de vigilancia se pueda usar para violar los derechos humanos. La pandemia está siendo aprovechada como una oportunidad comercial para las empresas de cibervigilancia.

La Fiscal General pide una nueva resolución a la CC para elegir a magistrados de altas Cortes

Fiscal General Consuelo Porras. Foto: Internet. 

A los seis días de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera otorgar el amparo definitivo a Consuelo Porras, Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), la interponente pidió sorpresivamente la anulación de la resolución emitida el 6 de mayo y que se emita una nueva resolución sobre la misma causa.

La resolución de la corte de lo constitucional se hizo pública después de la revelación del caso Comisiones Paralelas II, donde se negoció la conformación de las nóminas de aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones del período 2019-2024,

El MP interpuso el amparo el 24 de febrero de 2020, sobre el mismo caso se presentaron otros amparos, como el de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presentado el 20 de febrero; el de la Acción Ciudadana el 25 de febrero; y la Fundación Myrna Mack el 27 de febrero; las cuatro acciones piden la anulación y repetición total del proceso para rescatar la legitimidad de la elección.

Caso Creompaz: militares acusados del delito de desaparición forzada seguirán en prisión

Jueza Claudette Domínguez del Juzgado de Mayor Riesgo A. Foto: Simón Antonio. 

Los militares José Antonio Vázquez García y César Augusto Cabrera Mejía seguirán en prisión preventiva después de que la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de Mayor Riesgo A, resolviera negar la petición de los acusados de obtener su libertad condicional ante los riesgos que supone la edad ante la emergencia de la Covid-19. 

La jueza Domínguez decidió negar la libertad a los oficiales de inteligencia Cabrera Mejía y al mayor Vásquez García,  acusados por los delitos de desaparición forzada y delitos de deberes contra la humanidad cometidos durante la guerra interna contra 565 personas de la comunidad Chicoyogüito entre los años de 1981 y 1988, ubicada en lo que después se convirtió en la Zona Militar número 21, donde ahora funciona una base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas conocido como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) en Cobán, Alta Verapaz.

CC señala en amparo otorgado al MP que la elección de magistrados debe realizarse conforme a la Constitución

Foto: Prensa Comunitaria. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo definitivo al Ministerio Público (MP) en contra el Congreso de la República porque consideró que existe una amenaza real sobre el proceso de elección de magistrados a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justcia (CSJ).

La resolución se tomó dos meses después de que  se revelaron las negociaciones de votos entre diputados, candidatos y comisionados de postulación con Gustavo Alejos Cámbara cuando evadió las medidas de la prisión preventiva en el tiempo que se encontraba bajo tratamiento médico en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala.

La CC ordena permitir el ingreso de periodistas a las sesiones del Congreso

Foto: Plaza Pública. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, por la restricción que el Congreso de la República impuso a periodistas de distintos medios de comunicación a la sesión plenaria del 2 de abril.