Conavigua exige al Estado que cumpla su compromiso que le recomendó la CEH

      En el marco de la conmemoración del Día de la Dignificación de Víctimas del conflicto armado interno, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –conavigua-, exigió este día al Estado de Guatemala que cumpla con las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), para resarcir a los familiares de las victimas en Medidas de restitución material, en la medida de indemnización económica que sería otro de las recomendaciones que por el momento va en caminándose sin cabalidad; en medidas de reparación psicosocial y rehabilitación, Medidas de dignificación de las victimas como lo indica Feliciana Macario de Conavigua

     Tanto el informe de la CEH, aupiciado por la ONU, como el recuperación de la memoria histórica remhi, contabiliza al menos 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, como resultado de la conflicto armado interno y lugares retirados no fueron tomados en cuenta por varias razones según María Everalda coordinadora general de conavigua. 

Santa Cruz Barilas sigue de pie

Pese a la liberación de los presos políticos aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz

OPINIÓN

Por: Quim  De León  y Santiago Bastos -Guatemala, 05 de Febrero 2013-.

El pasado día 13 de enero de 2013, se celebró en Santa Cruz Barillas el regreso a casa de Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel y la injusta encarcelación de Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar.

Después de más de ocho meses, recuperaban una libertad que se les había robado; pero su lucha y la nuestra no termina ahí.

La conflictividad en Barillas

El día 1 de mayo de 2012 Santa Cruz Barillas saltó a los medios de comunicación por los hechos que llevaron a la implantación de un Estado de sitio bastante cuestionable. Pero los conflictos no iniciaron ese día, como nos quisieron hacer creer el gobierno y los medios. El origen de los problemas y el mismo conflicto son responsabilidad de la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz, que desde el año 2009 estaba operando en contra de la voluntad de los pueblos y comunidades.

Desde su llegada a esa población en 2008, el comportamiento de esta empresa, filial guatemalteca de ésta empresa española, se ha caracterizado por los constantes hechos delictivos y criminales en contra del pueblo de Barillas, como disparos de arma de fuego al aire, agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte la seguridad privada y personeros de la empresa. Incluso se llegó a la colocación de explosivos en los alrededores de las instalaciones de la planta hidroeléctrica.

Durante más de tres años, cientos de personas de las comunidades de Barillas han puesto denuncias contra estas intimidaciones, amenazas y abusos y han estado alertando y pidiendo la intervención de las autoridades por las constantes agresiones en que ha causado en ese municipio dicha empresa.

Además su presencia ha causado división comunitaria e incluso familiar. Como en otros casos en el país, la forma de actuar de la empresa consiste en contratar a un reclutador/a de la misma comunidad para que les ofrezca trabajo a su misma familia, vecinos, etc. Dese ahí se busca romper la solidaridad comunitaria aprovechando las necesidades de la gente.

Por esta conflictividad que provocaba en la localidad, el mismo Consejo Municipal se negó a dar la licencia y permitir el inicio de operaciones de la empresa española.

Los gobiernos de Colom y de Pérez Molina nunca atendieron las demandas de la población y con ello se convirtieron en responsables de esta impunidad, y lo que ocurrió después. El mismo Estado de Guatemala es responsable de una serie de violaciones graves a tratados internacionales como el Convenio169 de la OIT, la Declaración sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y a la misma Constitución Política de Guatemala.

Detenciones ilegales

El día 2 de mayo de 2012 se produjo la detención de todas estas personas. Como se ha repetido hasta la saciedad, en nueve de los once casos se trató de detenciones ilegales y todas ellas fueron irregulares. Desde la instalación del estado de sitio en Barillas, se dieron un gran número de irregularidades, ilegalidades, y violaciones al debido proceso en la solicitud de sus órdenes de captura y en los procesos de investigación. Existen suficientes evidencias de las irregularidades desde el momento de la detención, al mismo tiempo las acusaciones y los delitos que se les imputan no han podido ser comprobados.

· Fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la publicación oficial del Estado de Sitio.

· Quienes detuvieron a algunas de éstas personas no fueron las autoridades, sino personas particulares quienes posteriormente los llevaron o a la Policía Nacional Civil o al destacamento militar.

· Desde este arresto ilegal hasta su traslado al Centro Preventivo de la zona 18 en la ciudad capital, fueron constantemente golpeados y amenazados. A medio camino les bajaron de los vehículos en donde los trasladaban para tomarles fotografías, que son las que aparecieron al día siguiente en los medios de comunicación impresos.

· Los medios de investigación presentados por el Ministerio Público están viciados porque se forjaron con posterioridad a la detención ilegal.

· Las pruebas presentadas no logran demostrar que los detenidos son responsables de los hechos de los que se les acusan. En el caso de los daños al Hotel La Estancia, el dueño no reconoce ni señala a ninguno de los detenidos, tampoco se les encontró ninguno de los objetos robados en su poder. En el caso de la toma del destacamento militar, el Sargento Segundo del Ejército José María Gomez Raymundo describe los hechos del 1 de mayo, sin embargo no señala a ninguno de los detenidos como responsable de los mismos.

· Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa del día 3 de mayo del 2012.

· Hay declaraciones contradictorias, ya que en las misma hora ubican a los nueve detenidos en dos lugares diferentes que están a un kilómetro y medio de distancia[1].

Todo estos hechos fueron mostrados y demostrados desde esos momentos en el informe de Verificación de la situación de Derechos Humanos realizado por la Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej; el de la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos Humanos – Guatemala; y el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.[2] Sin embargo, tuvieron que pasar ocho meses para que se tuvieran en cuenta

Tergiversando la ley

A estas personas se les acusó de delitos como atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención, ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público, todo ello sin fundamento alguno.

Se está usando las figuras delictivas de actividades ligadas al narcotráfico de manera totalmente tergiversada. Este hecho es de suma importancia, pues muestra una de las formas utilizadas por parte de las autoridades, empresas y medios de comunicación corporativos para crear una falsa realidad sobre los conflictos sociales provocados por la imposición de las empresas y sus intereses afectando a la población que vive en el mismo territorio, creando las condiciones para minimizar la oposición y la resistencia a esta nueva agresión y forma de acumular capital mediante el despojo y el saqueo.

Por eso es muy importante evidenciar que se ha tratado y se trata como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar a personas que se organizan y que ejercen sus derechos ciudadanos.

Porque éste es un caso de persecución contra una población que aglutinada en una asociación u organización de carácter comunitario se opone al proyecto de la Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que simplemente expresa su opinión y su visión sobre el desarrollo, partiendo de la defensa de la vida y en este caso del agua.

Ninguno de los presos políticos cometió ningún delito. Son inocentes tal y como quedó por fin demostrado en la resolución que emitió Luis Fernando Pérez Zamora titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio Ambiente, de Santa Eulalia, Huehuetenango los días 19 de septiembre, 14 de noviembre de 2012 y el 9 de enero de 2013.

Aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz a Santa Cruz Barillas

Durante más de ocho meses estas personas estuvieron injustamente encarceladas y consideradas como delincuentes a todos los efectos. Se tiene que hacer justicia por los delitos cometidos en contra de ellos, sus familiares y las comunidades completas de este municipio. Es preciso pensar en que se tomen medidas de reparación por los daños causados por este injusto encarcelamiento.

Continúa la persecución penal en contra de más de 20 personas, que desde el día abril de 2012 fueron también injustamente acusadas y desde entonces no han podido regresar a sus casas. Su situación debe aclararse como ocurrió con los recientemente regresados, para que su nombre quede limpio y puedan retornar a su vida normal junto a sus familiares. También deberían ser resarcidos por todos los daños sufridos por una acusación injusta.

Todavía no se ha aclarado el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Pese a que los culpables están en manos de la justicia desde finales de mayo de 2012, no se ha avanzado en su juicio y los abogados de la empresa sí que acosan a los familiares para que retiren las denuncias.

La empresa sigue usando métodos violentos para contrarrestar la oposición a su actividades: cuando el pasado 22 de diciembre varios miles de personas se opusieron públicamente a la firma del convenio de la municipalidad de Barillas con la empresa, uno de los voceros fue amenazado de muerte por el “operador político” de la empresa, el militar Juan Garrido.

La respuesta de los barillenses fue escribir un memorial que entregaron a las autoridades municipales y centrales para explicar sus demandas. Se debe escuchar la voz de las comunidades de Barillas que se han opuesto a estas actividades que no les benefician en absoluto. El Gobierno debe atender a sus ciudadanos como sujetos de un derecho que han expresado siempre desde la legalidad; y dejar de defender a una empresa que siempre se ha movido con prepotencia, violencia y absoluta falta de respeto por los pobladores de Santa Cruz Barillas.

---

[1] De León, Quimy y González Cecilia. Santa Cruz Barillas, los intereses detrás de un Estado de Sitio. Revista Dialogo FLACSO. 22 de Julio de 2012.

[2] Carta Abierta al Sistema de Justicia por la liberación de los Presos Políticos.

Fuente: www.albedrio.org

LA LUCHA HISTÓRICA DE LOS SOBREVIVIENTES DEL TERROR DE ESTADO Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Foto: Facebook/Ciidh ong

Jorge Santos¹

OPINIÓN

 

En 1982 se desarrollaba parte de la historia más cruenta del Conflicto Armado Interno y con ello una de las campañas de terror de las fuerzas armadas del Estado guatemalteco más crueles, inhumanas y a todas luces más feroces en contra de población en diferentes regiones del país.  En San Juan Cotzal, municipio que junto a Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul compone el Área Ixil, fue escenario de dicha campaña.

Sobrevivientes de una de las tantas masacres ocurridas en dicho año relató, al Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-, que en la Aldea Chinimaquin, de San Juan Cotzal posterior a los hechos en donde elementos del ejército junto a patrulleros de autodefensa civil masacraron principalmente a jóvenes, mujeres y hombres adultos, agarraron a niñas y niños sobrevivientes y los trasladaron al municipio de Cunén, siempre del departamento de Quiché, para ser “entregados” a familias con pocos hijos; incluso algunos patrulleros se quedaron con niños y niñas que sobrevivieron a la masacre en Chinimaquin.

El hecho descrito anteriormente, evidencia en buena medida los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el proceso judicial emprendido hace más de 13 años por los delitos de Genocidio y Deberes Contra la Humanidad y por los cuales, los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, enfrentarán Juicio Oral y Debate Público.  Ejecuciones extrajudiciales, detención ilegal, desaparición forzada, desplazamiento forzoso de población, violencia sexual contra mujeres, robo y quema de viviendas formaron parte del denominador común de las masacres cometidas por el ejército de Guatemala contra población civil.

Sin lugar a dudas, el debate incrementó frente a la resolución emitida por el Juez Primero B de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien en base a lo escuchado y aportado por las partes procesales, decidió que los Generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez enfrenten Juicio Oral por los Delitos de Genocidio y Deberes Contra la Humanidad.  Voces minoritarias se elevan exigiendo aquel viejo privilegio llamado Impunidad; otras vociferan que los terribles actos de violencia, inhumanidad e ignominia están basados en personalidades individuales y que como tal deben de ser abordadas.  Las mayoritarias voces, afincadas en el Pueblo y particularmente en las y los sobrevivientes del Conflicto Armado Interno reclaman, con la boca inundada de verdad, JUSTICIA, ni más ni menos que eso: JUSTICIA. 

Más que la personalidad individual de una persona, el General Efraín Ríos Montt se configuró en un escenario más amplio, es decir a lo largo de los 36 años de Conflicto Armado Interno, se desarrollaron acciones encaminadas a eliminar lo que el Ejército y la oligarquía, consideraron como “enemigo interno”.  Este elemento de diversas fuentes -ideológica, económica, política y social-, propició momentos de represión selectiva y otras de represión masiva; por lo que se interpreta que la política profundizada en el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt, fue la de represión masiva, con fines de aterrorizar y eliminar a la población civil, la cual era considerada por esta visión del “enemigo interno” como la base social y apoyo de los movimientos revolucionarios en el país. 

Por lo tanto, más que considerar características de la personalidad individual, el General Efraín Ríos Montt formó parte de la cúpula militar que bajo el amparo de la oligarquía guatemalteca, profundizó e ideó un plan deliberado, sistemático y organizado que dio vida a la orgia de sangre impulsada por el ejército y que tuvo como resultado más de 400 de las 626 masacres que realizaron a lo largo de los 36 años de Conflicto Armado Interno, se abrieran los procesos de fuero especial y se ejecutará a personas sin las garantías judiciales que tanto instrumentos internacionales, como el marco jurídico guatemalteco planteaban para la época.

Cabe destacar que el sólo hecho de que el Juez Miguel Ángel Gálvez, resolviera que un ex jefe de Estado de Facto y el Director de Inteligencia Militar atravesaran por la fase de Juicio Oral y Debate Público, sienta un precedente histórico e importante en cuanto al acceso a la justicia que miles de víctimas del Conflicto Armado Interno han esperado durante años.

Por otro lado, la resolución emitida por el Juez Gálvez sienta un precedente importante en materia de derechos humanos, en tanto que la misma se fundamenta, tanto en lo que concierne a la legislación guatemalteca, así como en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado guatemalteco, en particular lo relacionado al delito de Genocidio y Deberes contra la Humanidad.

Adicionado a lo anterior, el juzgar a los General Efraín Ríos Montt y Rodríguez Sánchez representa un paso más en los avances que el país debe de dar para garantizar la justicia transicional, en tanto que el Derecho al Acceso a la Justicia, pudiera estar cada vez más cerca para la víctimas del Pueblo Ixil que sufrieron Genocidio, tal como lo representaría para aquellos niños y niñas sobrevivientes de Chinimaquin.  Consolida el Estado de Derecho en tanto que ambos están atravesando por un proceso en el cual tienen todas las garantías judiciales establecidas en Ley, circunstancia que jamás les fuera concedido a las víctimas del Conflicto Armado Interno.

Durante años los sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, junto a organizaciones de derechos humanos han realizado esfuerzos significativos para recopilar y sistematizar los elementos que constituyen la prueba contundente de los delitos que se le imputan a ambas personas y a otros cobardes jefes militares y ex ministros de gobernación que aún se encuentran prófugos de la justicia.

Sin lugar a dudas, este es tan sólo un paso más, al cual habrá que ir adicionando otros para alcanzar la tan anhelada Justicia Transicional. Una Política Pública de Reparación Integral a las Víctimas, reconstrucción y recuperación de la Memoria Histórica de los Pueblos, que habitan estos territorios; acceso a la Justicia configurarán el camino que garantizará que tan oprobiosos actos no puedan ser repetidos jamás. 

Nuestro reconocimiento y admiración profunda a las y los sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, a las organizaciones de derechos humanos que les acompañan; hombres y mujeres que desde su lucha y trabajo cotidiano construyen otra Guatemala posible.

¹ Coordinador General del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-