Dos imágenes para un solo país. La tercera parte del territorio inundado, las cosechas perdidas, casas destruidas, aldeas soterradas en el Ixil, Cobán, Polochic, Jocotán, Ixcán, Petén y cientos de comunidades más. Al interior de esa imagen las comunidades se ayudan entre sí para resolver asuntos puntuales de vivienda y alimentación. La otra imagen. La sesión en el Congreso de la República donde los diputados aprueban el presupuesto millonario de 99 mil 700 millones de Quetzales, sostenido en deuda pública y dos dos préstamos millonarios.
La
estructuración del presupuesto no tiene como eje central el apoyo a las
comunidades afectadas por los huracanes, y reduce drásticamente el presupuesto
a la defensa de los Derechos Humanos. El resultado: manifestaciones
públicas en todo el país, en las cabeceras departamentales, en los municipios
los Alcaldes Comunales, Junta Directiva de 48 cantones en Totonicapán,
Alcaldía Indígena de Sololá (1) marcharon en los departamentos, así como varias organizaciones sociales,
de jóvenes y de mujeres llamaron a manifestaciones públicas para exigir dar
marcha atrás al presupuesto y la deuda. A pesar de las inundaciones, las
comunidades afectadas también protestaron. En varios lugares, las comunidades
pidieron que los diputados que votaron la aprobación del presupuesto dieran una
explicación por la razón de sus decisiones. Así transcurrió el 21 de noviembre
en el país.
En la
ciudad de Guatemala, también se desarrolló una protesta pacífica y trascendió
la quema del edificio del Congreso de la República (hasta el momento de esta
nota la Bancada Une, en conferencia de prensa, acusó al Presidente del congreso
de planificar la quema). Mientras que lxs manifestantes, reiteraron que
se trata de una manifestación pacífica, pues mientras el Congreso se
incendiaba, la Plaza de la Constitución (a unas cuantas cuadras del congreso)
estaba llena de quienes se manifestaban pacíficamente. Por la tarde, la policía
antimotines reprimió con gases lacrimógenos dejando heridxs y varixs
encarcelados que caminaban las calles cercanas al Palacio Nacional y el
Congreso, que pasaron la noche en la carceleta la Torre de Tribunales donde la
actuación del Ministerio Público ha sido desproporcionada sin respetar el
debido proceso en la imputación de los delitos.
¿Qué
sucede en Guatemala? Un país en el que recién hace 20 años se finalizó
formalmente la guerra interna donde los muertos, masacrados y víctimas fueron
las comunidades indígenas. En Guatemala, en lo que se refiere a su estrategia
de acumulación actual, el extractivismo en minería o hidroeléctrica, es su
política de Estado; varias comunidades han denunciado la apropiación ilegal de
tierras por parte de empresarios y militares. El colonialismo prolongado en el
Estado ha moldeado la institucionalidad política y administrativa. La
contracara de ello es la lucha comunal que ha activado recursos legales y
políticos para la defensa de la propiedad colectiva de las tierras. Esto mismo
ha generado una serie de consecuencias, miles de comunitarias y comunitarios
con órdenes de captura, cientos encarcelados y varios muertos.
Las
inundaciones, desbordes de ríos, deslizamientos y destrucción de comunidades
por la tormenta Eta coincide con los lugares donde las empresas han
impuesto por la fuerza los proyectos extractivos, pues las empresas
hidroeléctricas y las mineras han trastocado el ciclo natural de los ríos y eso
ha afectado al ciclo general de la vida.
El Gobierno
de Giammattei fue electo en 2019 con un alto grado de abstencionismo donde
obtuvo únicamente 1 millón 907 mil 767 votos de más de 7 millones de votantes
registrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El hoy presidente continuó
la estrategia de despojar pueblos para garantizar la acumulación de la
industria extractiva. Sucedió a Morales, que dejó la silla presidencial
con protestas por acusaciones de su responsabilidad en el incendio de una casa
hogar de niñas -que se conoció como “Quema del Hogar Seguro”- entre varios
escándalos más. El 17 de enero, un día después de tomar posesión -Giammattei-
decretó que se instalara Estado de Prevención en varios municipios del centro
del país. En los meses de mayo a julio instalaron Estado de Sitio para los
municipios de Sololá, Izabal y Alta Verapaz. En lo que va del año 2020 se han
planificado varios desalojos de tierras en la región del Polochic y Cobán, que
las comunidades han logrado detener, y aprovechó para militarizar pueblos y
comunidades como estrategia para el trato del COVID-19.
Las manifestaciones siguen en varios pueblos y comunidades. El presidente ha llamado a la OEA para que intervenga debido a la inestabilidad política. Grupos de diputados piden la renuncia de la directiva del Congreso. Guatemala atraviesa un momento político abierto. Por un lado, las movilizaciones lograron poner un freno a la estrategia del Gobierno y el Congreso a su proyecto de presupuesto y por el otro, la comunidad internacional ha dado señales de resguardar la estabilidad. Vale la pena no perder de vista que la energía procede de las comunidades y ciudadanos organizados y que es la misma fuerza que ha sostenido el apoyo a las comunidades afectadas por los huracanes.
(1) Se trata de dos históricas instituciones del gobierno indígena que a lo largo de los años han generado movimientos desde sus pueblos que tienen la capacidad de alcanzar el nivel nacional.Nota: Este artículo fue publicado en https://zur.uy/guatemala-imagenes-de-un-pais-en-crisis-y-la-lucha-que-se-abre/.
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