CPO se pronuncia por el asesinato del Líder Comunitario Daniel Pedro Mateo

Foto. Consejo de Pueblos de Occidente

EL CONSEJO DE PUEBLOS  (CPO) ANTE EL SECUESTRO Y VIL ASESINATO DEL HERMANO Y LIDER COMUNITARIO DANIEL PEDRO MATEO (DANIEL MAYA) EL PASADO DOMINGO 07 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.

Nuevamente, hoy 17 de abril del 2013, hacemos un llamado y una denuncia a la Comunidad Nacional e Internacional, sobre las graves violaciones a los Derechos fundamentales de la vida, la expresión y el pensamiento de nuestros pueblos históricos y ancestrales en defensa de nuestro territorio sagrado y de sus bienes naturales. Como prueba de ello son las constantes amenazas, acosos, intimidaciones, torturas y asesinatos de nuestros hermanos y líderes comunitarios. El último de ellos ha sido el cobarde asesinato del Hermano Daniel Pedro Mateo, miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango y que bajo engaños fue  invitado para impartir una capacitación en Santa Cruz Barillas, pero en el trayecto de la Aldea el Quetzal, a las ocho y treinta de la mañana, fue secuestrado y luego de varias llamadas y amenazas por parte de los secuestradores a la familia, se accedió a negociar el rescate del Hermano Daniel, ante tal situación se convoco a los alcaldes comunitarios y se procedió a la búsqueda multitudinaria del norte de Huehuetenango hasta encontrar el cuerpo del hoy occiso. Nuestro hermano; participo  en diferentes espacios de resistencia como la que actualmente se está  librando en el municipio de Barillas enfrentando la imposición de un Megaproyecto Hidroeléctrico por parte de una empresa transnacional española en contubernio con el Gobierno actual de Guatemala.

Además denunciamos que a pesar de haberse realizado las Consultas Comunitarias de Buena Fe en los Municipios de la región norte de Huehuetenango, en donde la población manifestó su total rechazo a la actividad minera y a la explotación de cualquier otro recurso natural, la empresa Hidrosantacruz con lujo de fuerza pretende instalarse en el municipio de Barillas.

También la empresa: Maderas de San Luis, en el territorio de Santa Eulalia, está ejecutando supuestos proyectos de reforestación, desalojando a los hermanos indígenas y creando zozobra entre los habitantes del lugar.

Por lo que de nuevo, pedimos a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse y a hacer un llamado ala reflexión y a la adopción de métodos, actitudes y comportamientos respetuosos con la Madre Naturaleza, con el medio ambiente y la vida individual y colectiva de los pueblos.

Además repudiamos las acciones y campañas de criminalización y persecución de las luchas de los movimientos indígenas, ambientales, de los Intelectuales Mayas y del pueblo organizado en defensa de sus derechos milenarios como dueños legítimos e históricos de este país.

Nuevamente creemos que las persecuciones, encarcelamientos, agresiones, torturas y asesinatos de nuestros hermanos líderes responden a un plan de amedrentación e intimidación, por estos y otros megaproyectos que estas empresas transnacionales tienen planeado en este país.

  

POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS.

POR LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y SUS BIENES NATURALES.

NUESTRAS LUCHAS Y DEMANDAS SON LEGÍTIMAS Y DEMOCRATICAS.

Boletín No.19 Caso Genocidio en Guatemala

JUICIO POR GENOCIDIO EN SU ETAPA FINAL

EL DEBATE CONTINÚA MAÑANA

Durante el décimo octavo día del juicio por genocidio en el que es procesado José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez  Sánchez, continuo la presentación de los testigos por parte de la defensa de dichos acusados.  El primero de ellos fue Gustavo Porras Castejón, sociólogo, ex militante de izquierda y fungió coordinador de la mesa de negociación de los Acuerdos de Paz.

Castejón Porras debía atestiguar sobre los hechos del enfrentamiento armado que le constaran, sin embargo al ser interrogado por la Defensa del acusado José Rodríguez Sánchez sobre si la base social de la guerrilla era la población Ixil, él respondió: “No me consta,  nunca estuve en el área Ixil”, pero admitió que se cometieron atrocidades y que el ejército atacó a la población por considerarla apoyo de la guerrilla.  Los abogados de los querellantes indicaron que en vista de que no aportaba ninguna información por no haber estado en el área y la fecha indicadas, no le hacían más preguntas.

Los abogados también le preguntaron si él se ha manifestado públicamente sobre si hubo genocidio y por qué cambió su posición, si en su libro titulado “Las huellas de Guatemala” escribió un párrafo donde aludía a las matanzas del ejército, señala que la reacción del adversario fue tal, al grado de efectuar matanzas de proporciones genocidas.

El segundo testigo Harris Whitbeek Piñol, ingeniero civil y empresario indicó que laboraba en una fundación cuando Ríos Montt lo invitó a participar con él en el proyecto: “Frijoles y Fusiles” implementado en áreas que ellos denominaban conflictivas en donde se formaron campamentos del gobierno  - uno de ellos denominado La Pista- a donde llegaban personas supuestamente hostigadas por la guerrilla. Cabe recordar que muchos de los testigos señalan haber estado en La Pista, después de haber sido capturados por el ejército, lo cual contradice la versión del perito. “La gente llegaba en condiciones paupérrimas, malnutrida y enferma.” Sin embargo, aseguró que nunca supo de masacres, quema de cosechas, violaciones de mujeres, desplazamiento de población, ni de torturas aplicadas a los Ixiles.  

Posteriormente declaró Antonio Arenales Forno, actual Secretario de la Paz y director de Copredeh quien estuvo propuesto para atestiguar sobre condenas por Delitos de Lesa Humanidad al Estado de Guatemala  cuando fungió en la Organización de las Naciones Unidas.  Sin embargo,  la defensa le hizo preguntas que estaban fuera de ese marco, por lo que no pudo aportar en el tema para el que estaba propuesto.

Para hoy el tribunal había ordenado la presencia del resto de los testigos de la defensa, sin embargo, estos no se presentaron, por lo que dicho tribunal ordenó la conducción de los mismos.  El abogado Cesar Calderón anuló a dos testigos pues uno de éstos labora en una institución de gobierno y al otro no lo ha podido localizar.  Por otro lado, los abogados de los querellantes y el Ministerio Público también anularon la participación de otros testigos debido a la imposibilidad de contactarlos, por problemas de salud y en otros casos porque ya son de edad muy avanzada.

La defensa de los militares tenía pendiente entregar una video ofrecido como prueba que versaba sobre uso de armas y sobre el enfrentamiento armado y lo que presentaron fue un video basado en testimonios lo cual fue objetado por constituir nuevos testigos que no habían sido presentados como tales en su oportunidad, que no dieron su nombre completo y hablaban de lugares y fechas diferentes al de los hechos que se juzgan.

Al finalizar la audiencia las partes procesales del caso fueron notificados de una resolución de la Jueza de Mayor Riesgo A, en la que convoca a una audiencia para cumplir  con lo ordenado por la Corte de Constitucional respecto a las pruebas que les fueron rechazados por proponerlos fuera de tiempo. La audiencia con la jueza Carlos Patricia Flores, NO ANULA, NI SUSPENDE el debate, en la misma ella conocerá que dichas pruebas ya fueron diligenciadas por el Tribunal de Sentencia que conoce el caso. (Hora: 2 de la tarde 15 nivel)

La audiencia de debate se reinicia mañana a las 8.30 de la mañana. Por lo que el JUICIO CONTINÚA. LOS ESPERAMOS

Guatemala, 17 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

www.paraqueseconozca.blogspot.com

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

17 abril 2013

Guatemala: La justicia debe seguir su curso.

La justicia debe seguir su debido curso en el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad que se sigue en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, dijo hoy Amnistía Internacional.

“Este juicio histórico es una oportunidad única para el fortalecimiento del estado derecho y la justicia en el país”, aseguró Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional para Guatemala. 

El 16 de abril fue publicado un campo pagado, firmado por dos ex vicepresidentes de la República, entre otros. El campo pagado, haciendo referencia a los Acuerdos de Paz, aseguraba que el juicio implica ‘serios peligros para el país’ y que la acusación por genocidio es una ‘fabricación jurídica contraria a los deseos de las víctimas’.  

La organización se muestra preocupada por la aparición de llamamientos públicos que buscan conectar el actual juicio con los acuerdos de paz y otros argumentos de carácter político.

“Estas afirmaciones pierden de vista conceptos básicos de justicia y derechos humanos” dijo hoy Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional”. 

“La persecución penal de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no es contraria a la justicia, la reconciliación nacional o la paz, sino que busca asegurar justicia para las víctimas de tales crímenes.”

Amnistía Internacional recuerda que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, por su misma naturaleza, no son susceptibles de amnistía, tal y como lo prohíbe el derecho internacional, y reconocen los Acuerdos de Paz por medio de la Ley de Reconciliación Nacional. 

“Lo importante es dejar que el juicio se desarrolle, y que los elementos considerados sean legales y no políticos: el debido proceso, los medios de prueba, la imparcialidad” dijo Elgueta, 

En este juicio es la primera vez que un ex jefe de Estado en Guatemala es llevado ante la justicia por crímenes de derecho internacional. 

“Este proceso reafirma el principio de que nadie está por encima de la ley. Esa es una de las razones de su importancia capital. La otra es que es representa, como Amnistía Internacional dijo cuando comenzó, una esperanza de justicia largamente esperada para las víctimas de los miles de decenas de crímenes contra la humanidad cometidos contra las comunidades mayas de Guatemala”.

En 1999, una Comisión de la Verdad respaldada por la ONU aseguró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) unas 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Más del 80% de ellas cuales eran de origen maya. La Comisión de la Verdad estimó que había tenido lugar un genocidio.

El 3 de abril uno de los testigos del juicio relató como soldados mataron a su hija, abriéndole el pecho y sacándole el corazón. El 8 de abril otra testigo relató como a los 12 años fue llevada a un destacamento militar, le pusieron un trapo en la boca, y la violaron, sin saber cuantos soldados la violaron ya que perdió la conciencia.

Son sólo dos ejemplos de los cientos de testimonios que se han sucedido ante el tribunal desde que el juicio comenzara el 19 de marzo.

“Argumentar que el juicio nunca debió darse por razones políticas equivale a decir que nunca habría rendición de cuentas para alegaciones de esta naturaleza”, dijo Sebastián Elgueta.


Información de contexto

El ex jefe de Estado, el general Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, están siendo juzgados como autores intelectuales de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del triángulo Ixil, en el sur del departamento del Quiché.


Para más información o para acordar entrevistas, por favor contactar con: 
Juan I. Cortes – Encargado de medios para América
Mail: JuanIgnacio.Cortes@amnesty.org
Tel: + 44 (0) 20 3036 5801
Móvil: +44 (0) 7956 612 329

Boletín No.17 Caso Genocidio en Guatemala

LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA (D2) 

CARACTERIZÓ COMO ENEMIGO INTERNO AL PUEBLO IXIL

Esta fue una de las afirmaciones que emitió el general peruano retirado, Rodolfo Robles Espinoza, en el peritaje técnico militar presentado hoy en el decimo séptimo día de audiencias en que se lleva a cabo el juicio por Genocidio en Guatemala.

En este peritaje el militar se da cuenta de la cadena de mando que operó a partir del 23 de marzo de  1982 al 08 de agosto de 1983,  según su   conocimiento y experiencia y el análisis que éste realizo de los Planes de Campaña Victoria 82, Operación Sofía y Firmeza 83, era imposible que alguno de éstos planes se pudiera implementar sin el concomimiento y  la aprobación del alto mando militar o jefe del Estado Mayor General del Ejército,  quien en ese período era el Presidente de la  República José Efraín Ríos Montt.

Dicho peritaje evidencia el liderazgo activo que el alto mando castrense fungía en todas las operaciones  militares tanto tácticas  como operativas para lograr los objetivos de los planes.   El mismo tuvo conocimiento de los excesos, masacres y violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese período,  pero  no los detuvo a tiempo ni castigó a  los miembros del ejército  que ejecutaron estos graves hechos.  El perito también explicó que el alto mando llegó a tener  el dominio total del ejército,  una orden suya pudo haber cambiado dicha situación por lo que es responsable por autoría mediata: “es evidente que incurrió en responsabilidad del superior”, indicó Robles.

Todos los integrantes del alto mando tenían el dominio del aparato militar constituido por el ejército de Guatemala, el cual tenía supremacía sobre los otros aparatos estatales, lo cual se plasmó en los planes Victoria  82 y  Firmeza 83.   Los Planes no se hubieran podido hacer sin la información de la dirección de inteligencia D2. 

Según los planes las organizaciones revolucionarias vivas entraban en la caracterización de enemigo interno y la población Ixil fue considerada  base de apoyo para la insurgencia por lo que caía también en la categoría de enemigo.  El ámbito territorial del G2 es todo el país. El ámbito territorial del S2  era ejecutado por la Fuerza de Tarea Gumarcaj y el ámbito para la ejecución del Plan Sofía  era el departamento de Quiché, menos la región de Ixcán.  Como parte del sistema de inteligencia,  el S2 de la Fuerza de Tarea Gumarcaj estableció un canal directo con el D2 y le comunicaba  inmediatamente la información que recababa y era el G2  quien lo convertía en inteligencia . El comandante general del ejército emitía las órdenes a través del ministro de la defensa, quien era responsable del mando y administración del ejército y  el jefe del  estado mayor era responsable ante el ministro de defensa, entre otras cosas, de la disciplina.

Asimismo, el perito refiere que los planes no pueden ser ejecutados por una interpretación antojadiza de los comandantes y oficiales sino que se establece que “se debe cumplir con los planes por sobre lo que sea” indica el perito, así fuera atentar contra la vida de niños, niñas, mujeres y ancianas.

En otro peritaje, se indicó que el desplazamiento de  personas huyendo de las operaciones represivas del ejército fue una situación grave durante el conflicto armado interno, entre 29 mil y 37 mil personas ixiles fueron desplazadas hacia la montaña (este dato no incluye los muertos en el camino, ni los desplazados a otros lugares) para evitar ser atacados por el ejército de Guatemala. El alto mando consideraba a las poblaciones desplazadas como una amenaza, por lo que les atacó y persiguió, sometiéndoles a condiciones infrahumanas de vida. La persecución vino a destruir los lazos familiares y arrasó con el cultivo agrícola, elemento fundamental de la cultura ixil.

La científica social Elizabeth Oglesby explicó, en su peritaje sobre el desplazamiento de los ixiles, que este grupo fue considerado como pueblo difícil, revoltoso, que no se deja someter, llegando al punto que incluso los finqueros de la costa, le manifestaron que ya no contrataban ixiles pues eran difíciles.  Tanto en la fase de destrucción física de las comunidades ixiles, como en la reconstrucción militarizada de las aldeas, la estrategia fue la misma: “la creación del ixil autorizado.”  Agregó que durante el desplazamiento el hambre fue utilizada como un arma de guerra, ya que impedía que la gente pudiera sobrevivir y se sometiera al control militar.

Mediante un peritaje histórico sociocultural presentado por el doctor Héctor Rosada se explicó al tribunal que existen fuertes indicios que en el pueblo maya ixil la secuencia, repetición y masividad brutal de los hechos es una clara evidencia de actos de

genocidio. Expresó que los Acuerdos de Paz deben entenderse como una totalidad, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH constituyó una estrategia de negociación, al promover la tipificación de ciertas acciones dadas en la guerra como delitos, por tanto la CEH se convierte en un instrumento válido. Resaltó que el autor ideológico de los hechos durante el conflicto fue el gran capital; en 1987 se rompe la doctrina de seguridad nacional y el ejército plantea al Cacif que “ya no vamos a pelear su guerra.”

Fueron presentadas también las planimetrías o mapas cartográficos del área Ixil mediante los cuales el perito explicó cómo se dio el desplazamiento de las personas desde diversas comunidades de los tres municipios a otros lugares del área, enfrentando la demografía del lugar, pero sobre todo la persecución del ejército y el cerco  interpuesto a los  pobladores. Mediante los mapas se ilustró las distancias del desplazamiento y se confirmó lo planteado por el peritaje sobre el tema presentado por la experta Oglesby.

Durante la jornada de hoy la defensa intentó introducir a un nuevo abogado defensor, aduciendo que era en sustitución de uno de los dos abogados que ha estado llevando el caso. Cuatro veces intentaron que la jueza aceptara al nuevo defensor, sin embargo, el Tribunal resolvió que el acusado tenía ya cuatro abogados que lo estaban asistiendo.

El debate continuará mañana MARTES 16 de abril a partir de las 8:30 horas.

Guatemala, 15 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

www.paraqueseconozca.blogspot.com

Con información del Centro de Medios Independientes de Guatemala- CMI

Comunicado de la representante especial del Secretario General de la ONU

GUATEMALA: LLEVAR A LA JUSTICIA LOS CRIMENES DEL PASADO
OFRECE ESPERANZA A SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL

(12 abril de 2013)

Acojo con satisfacción los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas para
investigar los crímenes de violencia sexual que ocurrieron en el país
durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996. Las acciones judiciales
en curso contra un antiguo jefe de Estado, el Presidente Efraín Ríos Montt,
y un ex jefe de la inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez,
por genocidio y crímenes de lesa humanidad dan esperanza a las miles de
víctimas que sufrieron durante el conflicto de 36 años en Guatemala. La
violencia sexual no debe ser tratada como una parte inevitable del
conflicto armado, sino como el crimen reconocido internacionalmente que es.

Es dificil concebir el dolor y la brutalidad que atormentan a los
sobrevivientes de violencia sexual. Por lo tanto, el coraje de sus
testimonios sobre lo que han sufrido no debe ser subestimado. En última
instancia, sus historias ayudarán a asegurar que los crímenes de violencia
sexual no permanezcan ocultos en el silencio y la impunidad.

Al confrontar su pasado violento, hoy Guatemala está demostrando su
compromiso con el estado de derecho y con un futuro de paz. Insto a las
autoridades a garantizar un juicio justo y la protección de víctimas,
testigos, defensores de los derechos humanos y funcionarios del sistema
judicial. La justicia en Guatemala se ha retrasado para muchos, pero no
debe ser negada.


Statement by United Nations Special Representative of the Secretary-General
on Sexual Violence in Conflict Zainab Hawa Bangura:

Boletín NO.16 Caso Genocidio Guatemala

PERITAJES CONFIRMAN LA INTENCIÓN DE DESTRUIR

AL GRUPO MAYA IXIL

En el día quince de audiencia del debate por genocidio en Guatemala, el Tribunal conoció cuatro peritajes que sustentan la acusación presentada por el Ministerio Público por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, mediante la estadística,  matemática,  historia,  psicología  y el derecho internacional sobre derechos humanos. La ciencia demostró la magnitud del genocidio.

La violencia sexual es prueba de la intención de destruir al grupo Ixil.

La conocida jurista española, Paloma Soria, explicó en su peritaje que la violencia sexual durante el conflicto armado interno fue masiva y sistemática en contra de mujeres indígenas, dichos actos  no fueron aislados, sino que se daban por  un numero amplio de soldados, es decir múltiples.  En los testimonios a los que tuvo acceso, en siete de los casos las mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual en los destacamentos militares donde permanecieron en condiciones que atentan contra la dignidad humana. Ejemplificó con uno de los testimonios que las mujeres eran “llevadas a hoyos, donde permanecían sin comer, solo con agua, los soldados les regaban y las sacaban sólo para ser violadas y luego eran introducidas nuevamente al hoyo”eso prueba actos de genocidio y crímenes de guerra.

Durante el conflicto la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra y las mujeres consideradas como un botín de guerra, como un premio que los soldados podían ganarle al enemigo, fue intencionada, estaba en las órdenes, se permitía y en ningún momento se castigó, por lo que no pueden considerarse excesos. La violencia sexual es una prueba de la intención del delito de genocidio, ya que no solo destruyó físicamente al grupo protegido, sino constituyó una absoluta ruptura del tejido comunitario.

Acota que en el Plan Victoria 82 se reconocía que se daba esta práctica y en el anexo F de dicho documento se indicaba que en los destacamentos militares los soldados podrían alimentarse, lavarse y poder tener acceso a intercambio con el sexo opuesto. Por tanto este grave delito es considerado también un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra de acuerdo al derecho internacional.

Destrucción del pueblo Ixil, de su cultura.

Los peritajes sobre los daños a la salud mental y el peritaje cultural del grupo étnico maya Ixil, ilustraron  los efectos del genocidio en el grupo. La psicóloga Nieves Gómez resaltó que lo vivido por la población Ixil durante esa época representó un hecho traumático en sus vidas que hasta la fecha padecen, manteniendo un constante terror y miedo.

Las consecuencias de los actos cometidos por  el ejército en dicha región, dejaron como resultado la destrucción de la cultura de la siguiente manera: eliminación de las prácticas culturales, del maíz, la ruptura de la relación de los vivos con los muertos, estigmatización de las mujeres que fueron violadas, ruptura de los núcleos familiares, afectaciones en los roles de las mujeres, niños/as sin seguridad afectiva de su familia y comunidad, pérdida de la solidaridad comunitaria y  de referentes sociales, entre otros.

Es notorio que con la militarización de la región se vio afectada la cosmovisión del pueblo Ixil, al ser variadas sus formas organizativas, ser obligados a reconocer otras autoridades, pérdida de sus ancianos/as considerados como autoridades en las comunidades. Con el desplazamiento forzado se perdió el contacto con la tierra, teniendo esto grandes afectaciones ya que para el pueblo maya “la tierra es el lugar de los antepasados” por ende fueron separados del vínculos con sus ancestros.

Explicó además que muchas personas hablan del “susto” que les quedó y esto es interpretado desde su experiencia como “la separación del alma con el cuerpo” de esta  manera se explica dicha expresión escuchada numerosas veces en los testimonios que se han escuchado en este caso; es decir al romperse la cosmovisión se separa abruptamente a las personas de su identidad, de lo que conforma su ser.

Estas conclusiones fueron confirmadas también con el peritaje cultural sobre el pueblo Ixil, presentado por el doctor e historiador Ángel Valdez quien explicó cómo era la cultura ixil antes y después del conflicto. Entre los puntos relevantes de dicho pueblo resaltó el significado cultural de relación con la tierra como un todo. La cosmovisión maya en relación a su apreciación del maíz, tiene una función  cosmogónica  por su relación con el universo según el Popol Vuh. La destrucción  del maíz (de la milpa como se ha señalado en los testimonios) por parte del ejército, constituyó un elemento de destrucción de la cultura.

Entre sus conclusiones expuso cómo se criminaliza el uso del idioma materno“el indígena no es inteligente porque no habla español, cuando el idioma materno fue y es un elemento de resistencia cultural.” Explicó también cómo fueron catalogados los ixiles como rebeldes a lo largo de la historia y por ende se consideró como un “objetivo de guerra.” “Quitarle el agua al pez, significa también eliminar los elementos culturales.  Romperles la voluntad, una especie de choque, lo que se pretendía era romper su voluntad” al aplicarse esto se destruyó parcialmente con el pueblo ixil, con su cultura.

Hoy fue expuesto, a través de la matemática y la estadística, el porcentaje de muertes por parte del ejército. El matemático Patrick Donnell Ball realizó una ecuación matemática que dio como conclusión que en el período de 82 y 83 fue ejecutada por parte del ejército el 5% de la población ixil, y que de cada diez personas, ocho tenían la probabilidad de morir por ser indígenas. Con ello se evidencia la magnitud de los hechos perpetrados.

El Tribunal aplazó el debate para el próximo LUNES 15 DE ABRIL  a partir de las 08:30 horas.

Guatemala, 12 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

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Boletín No.15 Caso Genocidio Guatemala

“EL GENOCIDIO NO SE PUEDE PERDONAR…

NO SE PUEDE CONCEDER UNA AMNISTÍA”

Así lo refirió el abogado Ramón Cadena, en su peritaje titulado: “Graves violaciones a la población civil de la región  Ixil, de marzo de 82 a octubre de 83”, el cual  fue presentado hoy en el quinceavo día del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez  Sánchez.

El perito se refirió a los vejámenes  a que fue sometida esta población durante dicho período, ya que según el derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra, en conflictos armados los ataques deberían ser hacia un  objetivo militar, nunca  hacia población civil, mucho menos destruir sus viviendas y bienes.  Asimismo, en las fechas referidas, el Ejército de Guatemala rechazó en todo momento la intervención de un ente intermediario neutral como el Comité Internacional de la Cruz Roja y se negó a recibir a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El experto afirma que durante este período, el estado de Guatemala incumplió con  garantizar la protección a la población civil no combatiente, violentando totalmente los principios universales del derecho internacional humanitario que en situaciones como esta, establecen sobre todo la protección de la vida de mujeres, niñez y ancianos.

Cadena, en sus conclusiones afirma que la responsabilidad  del jefe de Estado durante el conflicto armado por la ejecución de crímenes de lesa humanidad fue inminente por varios elementos “el superior jerárquico tenía conocimiento es principio universal, hay responsabilidad de mandos superiores” esto confirma que  hacer caso omiso y no evitarlo incurre en un grave delito.  El experto también enlistó los crímenes que sufrió la población y que coinciden en todos los testimonios, siendo estos matanzas del miembro del grupo, sometimiento a condiciones de existencia que puedan destruir total o parcialmente con el grupo, torturas y tratos inhumanos o degradantes,  desplazamiento forzado y desplazamiento de niñez de un grupo a otro que puedan acabar con su identidad cultural; es decir elementos que constituyen genocidio.

En el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, el experto en Derechos Humanos,  destaca que de manera sistemática el Estado de Guatemala negó la existencia del conflicto y por lo tanto hubo una negación a este tratado internacional ratificado por Guatemala.  “La primavera de la Dictadura es el Genocidio” es la frase con la que califica la “Barbarie” cometida contra la población civil.  En el mismo sentido establece que los planes militares de 1982 y 1983 se cometieron operaciones físicas y sicológicas, por ejemplo, “no ha habido ninguna muestra de perdón por parte del sistema de justicia por haber implementado los tribunales de fuero especial que constituyeron una grave violación a los derechos humanos.”

Concluye aduciendo que todas las violaciones a los derechos humanos se pudieron haber evitado junto con la barbarie y el sufrimiento al que fue sometida la población maya Ixil, si el ejército de Guatemala hubiera dejado a la Cruz Roja Internacional hacer su trabajo como corresponde según los tratados internacionales. 

Otro peritaje presentado fue el del analista político y periodista Marco Tulio Álvarez, quien en su informe: “Desplazamiento de la niñez del triángulo Ixil durante 1982 y 1983” destaca que niños y niñas fueron capturados, ejecutados o trasladados forzosamente a otros lugares o bien para ser dados en adopción, en otros casos regalados, ó llevados para  servidumbre de patrulleros de autodefensa civil o de los soldados.  Acciones que fueron realizadas por considerar a la niñez semilla del comunismo, para beneficiarse utilizándolos como botín de guerra, o que crecieran en una cultura diferente.                                                                                                                                                                   

Según el perito, en un informe periódico que aparece en el plan de Operaciones Sofía, relata: ”Hombre Punta eliminó a una mujer y dos chocolates  y tres fueron recuperados y llevados por  águila” acción confirmada por Jacinto, testigo que relató, la hace algunos días ante el Tribunal, que en 1982 cuando era un niño debido al  ataque del ejército,  huyó con su madre quien murió y que a él y a sus hermanitos los capturaron los soldados trasladándolo en helicóptero a otro lugar para luego ser dejarlos con unas monjas donde los otros niños hablan español y él ixil.

El perito explicó las consecuencias graves para la cultura e identidad de los niños que fueron capturados y trasladados a otras familias durante el conflicto, debido a que éstos perdieron todo vínculo con su cosmovisión, destruyéndose el tejido social y dejando daños irreparables para los niños/as, para sus familias, para la comunidad y para el pueblo ixil. El experto concluyó “la niñez es un hilo de continuidad de la cultura.”

LA AUDIENCIA CONTINUA MAÑANA A LAS 8.30 HORAS.

Guatemala, 11 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

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Boletín No. 14 Caso Genocidio Guatemala

“EL JEFE DEL ESTADO MAYOR ES EL QUE DABA LAS ORDENES,

A TRAVÉS DE PLANES, DIRECTIVAS O INSTRUCTIVOS”

Fue una de las afirmaciones vertidas por un perito militar propuesto por la defensa de los dos acusados al explicar su informe pericial enfocado en la cadena de mando en el ejército de Guatemala. Aunque una de sus conclusiones versaba en que Ríos Montt no era responsable de lo que actuaban los comandos, al ser interrogado fue concluyendo con lo que se expresa anteriormente.

Confirma la función del alto mando y responde al Ministerio Público sobre la conformación del alto mando en el 82: “comandante general del ejército: Ríos Montt, Ministro de la defensa: Ríos Montt y jefe del estado mayor: Ríos Montt”. Comprobando que durante un período él general ocupó los tres cargos del alto mando. Según la Ley Constitutiva del Ejército, el mando del ejército lo tiene el comandante general, o sea en aquellos años, Ríos Montt.

En relación a lo que compete a las funciones de la Dirección de Inteligencia (D2 – G2) el perito en sus conclusiones indica que este puesto se dedicaba a recibir la información que se recogía por diversa gente (G2) y realizar “apreciaciones permanentemente”  para ser entregadas al alto mando y éste toma decisiones respecto a la misma. Se hacían informes periódicos de inteligencia, a los cuales tuvo acceso el encargado de la D2, es decir el acusado José Mauricio Rodríguez.

El militar retirado José Luis Quilo Ayuso, reafirmó sus comentarios públicos en cuanto a que el tribunal que conoce el caso no está capacitado para llevarlo. Este perito ha participado en manifestaciones públicas de apoyo a los acusados en donde ha manifestado que en Guatemala no hubo genocidio.  Finalmente el perito hizo lectura de unos telegramas tomados del Plan Sofía, en el cual señala que tanto Ríos Montt como Rodríguez Sánchez tenían conocimiento de las comunicaciones con las bases ya que el mismo documento tenía con copia a sus respectivos cargos.

El Tribunal escuchó hoy también el peritaje propuesto por los acusados sobre el proceso de  Paz, al respecto el perito, indicó que “el sector privado organizado eran renuentes a la paz.” Manuel Orellana Conde quien fue funcionario del cuestionado gobierno de Jorge Serrano Elías indicó que el acuerdo  socioeconómico fue resultado de las presiones  por parte de Naciones Unidas, sin embargo minutos después reconoció que el acompañamiento internacional había sido fundamental en las negociaciones de paz.

Un tercer perito militar propuesto para hablar sobre el desarrollo de la insurgencia, indicó que la iglesia católica contribuyó a la formación de esos grupos mediante la “teología de la revolución” así como mediante la acción católica. Al preguntarle sobre el término “enemigo interno” el perito contestó que “no está familiarizado con ese término.” Sin embargo, después describió este término. Es importante mencionar que el perito afirmó que es parte de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Al finalizar el peritaje el Fiscal hizo ver al tribunal que el perito NO había firmado su peritaje, no cumpliendo así con lo establecido por la ley en torno a cómo se debe presentar un peritaje en un juicio.

Cabe destacar un peritaje forense presentado en el decimo cuarto día de debate del juicio, el relativo a los patrones encontrados en las exhumaciones realizadas en el área Ixil. Al respecto Fredy Peccerelli concluyó que según estudios de expertos en una guerra convencional la posibilidad de que mueran de disparos directos en la cabeza es de 2 en 10 casos. Sin embargo, en los restos encontrados en la región Ixil 8 de cada 10 osamentas presentaba un trauma directo en el área de la cabeza, con lo que se deduce que la muerte de las personas fue mediante una ejecución sumaria.

Con la experiencia y en contraste con los casos de genocidio en Kosovo, Ruanda, Camboya y Bosnia, Peccerelli descarta que las osamentas encontradas hayan muerto en combate, pues se espera que un combatiente que muere, contenga dos heridas letales que quedan en los restos óseos.  Por el contrario indico apoyado con material visual, que las osamentas contaban con más de dos heridas letales y resalta las señas de violencia y muerte por arma de fuego y machete. 

  

Día a día se van juntando las piezas del rompecabezas. Los testimonios coinciden con lo encontrado en los cementerios clandestinos, las teorías sobre el poder que ejercían los acusados se confirman con los peritajes militares.  Mañana JUEVES 11 de abril  continua la audiencia a partir de las 8.30 horas.

Guatemala, 10 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

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Boletín No. 13 Caso Genocidio en Guatemala

PERITO MILITAR DE LA DEFENSA CONFIRMA QUE EN EL AÑO 82

EL PRESIDENTE TENÍA FUNCIONES ESTRATÉGICAS Y DICTABA ORDENES

Con la afirmación de un coronel del ejército de Guatemala propuesto como perito por la defensa de los acusados para hablar de los cambios que ha tenido la cadena de mando del ejército, se constata la acusación del Ministerio Público en cuanto a la participación, en calidad de autor intelectual, del entonces presidente de la República en el año 82, afirmando el perito que las funciones de éste  eran en lo estratégico y no en lo táctico.

El perito explicó que el alto mando estaba conformado por el Presidente de la República, el jefe del Estado mayor del ejército y el ministro de la defensa. Al ser consultado por el Ministerio Público sobre quiénes integraban el alto mando, el coronel no dio una respuesta concisa, sólo decía que el presidente era Ríos Montt pero no contestó sobre los otros dos puestos, pese a que  Ríos Montt también ocupaba el cargo de ministro de la defensa.

Un dato importante a resaltar es que en el interrogatorio hecho al perito militar, éste indicó que la disciplina y jerarquía del ejército se cumplió a cabalidad en el período del 82 y 83. A las preguntas hechas por los querellantes sobre si el presidente en esa época tenía la facultad de emitir leyes y nombrar jueces, el perito respondió:“legalmente no podía, pero políticamente sí, … él podía dictar leyes porque era el presidente de facto” aseveración que comprueba el poder que tenía el presidente y los actos de control totalitario en los asuntos nacionales.

“El presidente de facto podía dictar órdenes a cualquier ministerio… al ministerio de la defensa” contestó el militar a la pregunta hecha por los querellantes de si  el presidente en el año 82 tenía capacidad dar órdenes al ejército para ejecutar operaciones psicológicas. El Ministerio Público evidenció que el perito militar estaba equivocado en el número del decreto de la Ley constitutiva del ejército, al incluir otro inexistente en su peritaje; al respecto el coronel pidió una disculpa indicando que “fue un error de taquigrafía.” Detalle que pudo haber aclarado al inicio.

En la jornada de hoy, el día trece de debate, el Ministerio Público presentó nueve peritos forenses más, quienes continuaron explicando al tribunal los hallazgos de exhumaciones. Un antropólogo social relató su investigación en la que concluye que una comunidad fue atacada por ejercito; “llevaron a la gente a la orilla de un puente y ahí con un machete les contaron la cabeza.” “Hubo mujeres que fueron víctimas de violencia sexual.”

Mediante los informes ratificados por los antropólogos forenses se evidenció que en los cementerios clandestinos había nonatos, infantes y mujeres. “Esas osamentas presentaban traumas y con indicios de haber sido expuestos al fuego.” Otro dato importante lo expresó un perito “murieron por inanición” (hambre) al referirse a una fosa con 30 osamentas.

Mañana MIÉRCOLES 10 de abril  continua la audiencia a partir de las 8.30 horas y el Tribunal escuchará a otros tres peritos militares propuestos por los abogados defensores.

Guatemala, 09 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

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Boletín No. 12 Caso Genocidio en Guatemala

“MURIERON EN ESTADO DE INDEFENSION….SE DESCARTA LA POSIBILIDAD DE HABER FALLECIDO EN UN ENFRENTAMIENTO ARMADO”

Estas fueron las conclusiones del perito en antropología social, Byron García Méndez, durante la doceava audiencia del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. En esta audiencia 9 peritos dieron cuenta de informes que relatan el hallazgo de restos y osamentas de más víctimas durante el conflicto armado interno, de las cuales varias han sido ya identificadas.

García, explicó que en uno de sus informes realizado en Aldea Pexlá Grande, Municipio de Nebaj, El Quiché, se constató que según relatos de entrevistados coinciden con la forma en que fueron halladas osamentas que pertenecían a un hombre y tres mujeres, una de ellas adulta, en estado de gestación, y las otras dos infantes. En dicho informe se resaltó que 3 de estas víctimas femeninas murieron en estado de indefensión, lo que evidencia que las mismas fueron atacadas y que por su situación de vulnerabilidad no participaban en actividades insurgentes.  Esta familia a momento de ser atacada se encontraba dentro de su vivienda, aislada del poblado, ello evidenció que el ataque a estas personas se perpetró dentro de una estrategia de ataque por parte del ejército.

Durante la tarde, destacó la declaración de la testigo, Dra. Beatriz Manz, antropóloga, quien relata que en el 1982 con el objetivo de realizar su tesis doctoral, tuvo la oportunidad de viajar a la Selva Lacandona en Rancho Puerto Rico, México en donde estuvo en campos de refugiados donde vivían personas mayas guatemaltecas quienes huyeron a causa de la violencia vivida en esos años y a quienes pudo ver malnutridos, y otros heridos de bala.  También relata que en 1983 viajó a la región Ixil en donde pudo conocer el estricto control militar que el ejército tenía sobre la población. Fue así como conoció las aldeas modelo, que estaban cercadas y con una garita de control.  Manz, relata que vio como los hombres eran obligados a trabajar en las Patrullas de Autodefensa Civil, y abriendo caminos a veces bajo la lluvia y sólo con un nylon encima.

En su declaración, también explicó que a pesar de lo difícil que fue para ella hablar con la gente debido al temor existente, logró escuchar de ellos y ellas que habían sido desplazadas de sus aldeas debido a la quema de sus casas y cultivos y destrucción de bienes por parte del ejército. Manz explica que esos datos presentaban un patrón común, repitiéndose cada vez que preguntaba.

A decir de la testigo eso fue devastador psicológicamente para los y las sobrevivientes,  pues les habían destruido su trabajo de muchos años.  Asimismo da cuenta que varios niños fueron separados de su familia y llevados a hogares de Huehuetenango y la ciudad capital, y recuerda como en ese tiempo en periódicos locales se anunciaba que había decenas de niños huérfanos en el país.  También relata que durante su estadía ahí en la región Ixil no pudo ver o conocer ninguna persona guerrillera.

Haciendo una relación entre los informes de las y los  peritos forenses y el testimonio de la doctora Manz encontramos como se contrastan unos con otros, y ratifican la misma información: las condiciones inhumanas que vivía la población Ixil en eseperíodo.

Mañana Martes 09 de abril de 2013, continua la audiencia a partir de las 8.30 horas.

Guatemala, 08 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

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Centro de Medios Independientes de Guatemala- CMI

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Refugio de la niñez, manifiesta su descontento por fallo de la CSJ a favor de juez José Eduardo Cojulún Sánchez

Foto: Aso. Refugio de la niñez

     Ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la solicitud de antejuicio en contra del Juez Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente José  Eduardo  Cojulún Sánchez, la Asociación El Refugio de la niñez, quien presentó la querrella, denunció públicamente su rechazo ante la decisión. 

     El pasado 9 de enero, El Refugio de la niñez presentó la solicitud de antejuicio contra de Cojulún Sánchez, quien el 19 de diciembre del 2012 dejó en libertad al sindicado Juan Mateo Hernandez Coj, señalado como líder de una banda de los delitos de explotación y trata de personas, quien el 3 de agosto de 2012 fue detenido por explotación sexual y laboral a catorce adolescentes.

     La Asociación, hizo saber que el juez lleva en su contra otros procesos, entre ellos el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la reciente sanción del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), como tambien otras instancias piden que el juez sea investigado y suspendido de su cargo por su negligencia como juzgador. 

Boletín No. 10 Caso Genocidio en Guatemala

“CADA MATA DE MILPA ES UN GUERRILLERO”

El racismo y el genocidio en Guatemala.

Eran las ordenes que daban los oficiales a los soldados y patrulleros para que quemaran las siembras y cosechas de maíz en área Ixil.Dichas directrices  evidencian el racismo existente durante el conflicto armado. Así lo confirmó también la Perito Marta Elena Casaús Arzú quien en su peritaje sobre la máxima expresión del racismo, indicó que el racismo en Guatemala, es un elemento histórico cultural que viene desde la colonia hasta la actualidad.

Hoy en el Tribunal se visualizó teoría y práctica. Por un lado la experta en Racismo explicó que el racismo contribuyó al genocidio, ya que se consideraba a los indígenas como seres inferiores, cosificándolos (volviéndolos objeto)  estigmatizándolos y deshumanizándolos. Y por otro lado los oficiales del ejército que testimoniaron  confirmaron que las órdenes que daban en el destacamento de Nebaj, eran: “indio visto, indio muerto” incluso lo usaban como lema. De esta manera se comprueba que el racismo fue el motor de las atrocidades.

Los testigos relataron la barbarie que cometían los soldados y oficiales y cómo se daban las ordenes y éstas había que cumplirlas de lo contrario eran castigados. “Torturaban a la gente cortándoles la lengua, las uñas, les puyaban con cuchillos”  expresó mediante una video conferencia un testigo que fue secuestrado por el ejército cuando tenía 8 años y relató que siendo niño vio cosas horribles en el destacamento. No puede olvidar “cuando los soldados le cortaron la cabeza a una anciana y luego jugaban con la cabeza, eso no lo puedo borrar de mi mente…” puntualizó.

“El racismo llega a su culmine en el conflicto armado interno, por la estigmatización del indígena. Es cuando el racismo va operar con una ideología de estado, como una maquinaria de exterminio contra un grupo, en este caso el ixil” reafirmó la experta en racismo al dar a conocer su peritaje. La desvalorización de los indígenas, es decir, el racismo fue cultivo para la perpetración del genocidio.

El ejército pensaba que los indígenas representaban una amenaza porque podrían convertirse en subversivos, entonces todos los indígenas, todos los ixiles, se convierten en enemigos. La ideología de que los indios no son sujetos, contribuye a su deshumanización. Casaús describió los pasos que se dan previo a cometer un genocidio: Construcción negativa de las personas,  el prejuicio hacia ese otro, y el adoctrinamiento para rechazar a ese otro, ejemplo, los kaibiles.Campañas de planificación del genocidio. Los ixiles pasan a ser guerrilleros, quitarle el agua el pez. Y lo último “ladinizarlos”, “normalizarlos” quitarles su cultura, eso es el exterminio.

Concluye que los indígenas son considerados por las elites del país, a quienes entrevistó en un estudio, como “un freno para el desarrollo,”“un empresario dice que lo mejor para los indígenas es una dictadura férrea, un Mussolini, un Hitler, y concluye(el empresario) yo los eliminaría a todo”“Ese pensamiento es el que prevalece en el Estado que tenemos” afirma Casaús. También explica que la violación de las mujeres es racismo. Hay una protocolización de la violencia sexual. “Sin duda la lo más dramático y escalofriante es la deshumanización de las mujeres, ya que se les cosifica, se les denigra.” Esto es un indicio de racismo y feminicidio acotó.

La perito hace referencia también en que en Guatemala además del genocidio hubo un Etnocidio que implica eliminar una cultura. “En Guatemala hubo un genocidio y etnocidio, porque quisieron eliminar, no solo a las personas, sino también su cultura, la cultura ixil en sí.”

Testigos confirman cadena de mando en el ejército.

Uno de los testigos de 67 años,  relata que él trabajaba sembrando milpa y que obligándolo el ejército lo llamaron a patrullar, le decían: “si no vas a traer tu gente, a vos te cae, te voy a castigar”, su  encargado era el comandante del destacamento de Nebaj. 

Asimismo, relata que los oficiales les obligaban a traer su leña y su agua y explica: “si no lo hacíamos nos metían en calabozos”.  Este testigo era encargado de otros 20 patrulleros y cuando  los otros no cumplían con las órdenes que se les daban o incumplían con los horarios de las reuniones programadas, era a él a quien metían en un calabozo oscuro y no le daban comida, ni nada.

Otro de los testigos narra que  en 1982  del destacamento de Nebaj, El Quiche, tuvo la oportunidad de trabajar en la compañía del cuerpo de ingenieros de Nebaj denominada al principio como El Triunfo y conoció a varios oficiales del ejército. Relata que las actividades que hacían eran “de terror”.  Vio como cuando llevaban a la gente a ese destacamento estas personas eran torturadas, quemadas, mencionó el nombre de  quienes en ese año  eran altos oficiales del ejército  y narra cómo vio a estos oficiales ordenar la quema de la gente, calificó las acciones de estos como feroces: “estos no se tientan el alma para torturar a otra persona.”.

Guatemala, 04 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación  AJR

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